Tres senadores republicanos presentaron este miércoles un proyecto de ley para terminar la explotación de los médicos cubanos por el régimen castrista.
Los senadores Marco Rubio (R-FL), Rick Scott (R-FL) y Ted Cruz (R-TX) presentaron este miércoles el proyecto de ley Cut Profits to the Cuban Regime Act, con el objetivo de poner fin a las llamadas «misiones médicas» que constituyen «una forma de trata de personas» y «una de las mayores fuentes de ingreso de la dictadura cubana», dijo Rubio.
«El Departamento de Estado ha documentado indicadores de la trata de personas en las misiones médicas de Cuba en el extranjero cada año desde el Informe sobre la Trata de Personas de 2010 (…) y sigue profundamente preocupado por estos abusos», señala el documento.
De ser aprobada, la ley requerirá que el Departamento de Estado publique una lista de los países que tienen contrato con el régimen cubano para su programa de médicos, «países que son cómplices en la explotación de los profesionales médicos cubanos mediante la contratación con el régimen cubano”, dijo el senador Rubio.
La información a su vez repercutiría en el informe anual sobre la Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado.
El informe es parte de los objetivos de la política exterior de la Ley de Protección de las Víctimas de Trata (TVPA) y consiste en un reporte anual sobre la trata de personas y clasificación de los gobiernos extranjeros en función de sus esfuerzos para contrarrestarla.
Los países son clasificados en niveles del 1 al 3, donde los mejores clasificados se identifican con nivel 1 y los peores con nivel 3. Cuba, Venezuela y China se encuentran entre los países del nivel 3 en el informe de 2019.
De acuerdo con la TVPA aquellos de «peor desempeño (…) en el informe TIP podían estar sujetos a posibles restricciones en ciertos tipos de ayuda exterior de Estados Unidos y otros fondos estadounidenses y multilaterales», señala el proyecto, «una política que tiene por objeto motivar a los países a evitar el nivel 3, dando prioridad a los esfuerzos de lucha contra el tráfico», añade.
Sin embargo, el proyecto de los senadores republicanos no prohíbe la contratación del personal médico cubano.
Los países no se verán afectados al emplearlos si cumplen con una serie de requisitos como compensar al personal médico directamente «en lugar de a través del gobierno de un país o de una organización que los patrocine», además de que esta paga debe ser similar a la de un profesional nacional.
Estos países a su vez deben hacer públicos los términos del acuerdo con el gobierno o la organización patrocinadora. También deben asegurar de que el personal médico pueda tener en su control tanto su pasaporte como sus ganancias; que se les permita llevar a su familia, en particular a los cónyuges y a los hijos menores de edad, con ellos; que los viajes de los profesionales médicos, y de sus familias, no estén restringidos, y que tanto sus actividades como su discurso no sean vigilados mientras estén en el país anfitrión.
Los gobiernos deben garantizarles condiciones de trabajo y de vida humanas y seguras, de conformidad con el derecho internacional.
El proyecto de ley señala que el país que ofrece el programa no debe recibir ninguna compensación adicional del país anfitrión o de cualquier organización por el trabajo de los profesionales médicos.
«Estas misiones médicas parecen gestos de buena fe, pero realmente son usadas por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel para llenar los cofres que financian la opresión del pueblo cubano», dijo el senador Cruz.
«Cuba está traficando profesionales de la salud, y ahora utiliza la pandemia del coronavirus para obtener ganancias a expensas de estos médicos. Es horrible”, dijo el senador Scott.
El régimen cubano es criticado por aprovecharse de la pandemia del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, por enviar varias brigadas de médicos a diferentes países.
Según datos declarados del régimen, Cuba ha enviado 34 brigadas -que agrupan a un total de 3337 médicos y enfermeros- a petición de las autoridades de 27 países de África, América y Europa.
El proyecto de ley surge también en medio de la controversia del papel de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como “intermediaria” en el traslado de médicos cubanos a Brasil.
«Debe explicar cómo llegó a enviar 1300 millones de dólares al asesino régimen de Castro» y «por qué no buscó la aprobación del Consejo Ejecutivo, su propio Consejo Ejecutivo, para participar en este programa», dijo el 10 de junio el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, a los periodistas.
Con información de EFE.
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